Hace unos días se conoció que el Ministerio de Transición Ecológica reculaba sobre la nueva tasa (que aumentará un 40%) a las centrales nucleares. Una noticia que se celebró entre las empresas. Sin embargo, lejos de esta realidad, fuentes financieras apuntan a THE OBJECTIVE que esta revisión del real decreto se debe a que «el proceso de consulta pública no se hizo correctamente y por eso lo han vuelto a someter». Las mismas fuentes además argumentan que «no parece que haya voluntad de quitar el incremento ni de suavizarlo».
Hace pocas semanas, se conoció que el Gobierno, a través de la empresa pública Enresa (encargada de la gestión de residuos y el desmantelamiento de las centrales) iba a incrementar la tasa que pagan las nucleares al Gobierno. La última modificación se ha traducido en una propuesta de Real Decreto del 12 de enero de 2024 que implicaría, en el supuesto de que se materialice, una subida del 40% de la tasa a partir de julio de 2024.
Una situación que alarmó al sector porque algunos estudios apuntaron a que con esto ya supondría 1.566 millones de euros de impuestos anuales a las centrales nucleares, una cifra que plantea grandes desafíos para la rentabilidad y competitividad del sector y encarecería esta energía para los consumidores finales.
Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica, sin embargo, aseguran que «ha reiniciado la tramitación del proyecto de Real Decreto que actualiza la prestación patrimonial de carácter público que financia el servicio de Enresa a las centrales nucleares en explotación, lanzando una consulta pública previa, siguiendo el mismo procedimiento que en 2019, cuando se tramitó la actualización por última vez. Atendiendo a buena parte de las alegaciones recibidas hasta ahora solicitando un plazo más amplio, la consulta previa estará abierta para la recepción de observaciones hasta el próximo 18 de marzo».
Las empresas con centrales nucleares, principalmente Iberdrola y Endesa, están sufriendo momentos de máxima tensión. Así, y tal y como adelantó El Periódico de la Energía, la semana pasada una serie de centrales, en concreto Almaraz, Cofrentes y Ascó, pararon sus centrales nucleares. Un escenario que preocupó a Red Eléctrica, y que tomó cartas en el asunto no permitiéndolo en Ascó. La razón de esta decisión no es otra que la gran presión de los impuestos y la caída de los precios, que hace que no les sea rentable. En medio de este escenario planea ahora una tasa que puede no ser rebajada.
En los últimos días, y antes de que se conociera el cambio del Ministerio, Foro de la Industria Nuclear Española, que aglutina a los titulares de las centrales, presentó dos recursos contra los reales decretos por los que se aprueba el VII Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) y se abandona el proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca). También presentaron alegaciones al futuro Real Decreto que modifica la Tasa Enresa. Por otro lado, también anunciaron alegaciones al proyecto de Real Decreto por el que se pretende modificar la tarifa fija unitaria mediante la que se financia el servicio de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) para la gestión de los residuos, desmantelamiento y clausura de las centrales nucleares españolas.
A través de esta norma, el Gobierno quiere elevar a 11,14 euros/MWh la llamada ‘tasa Enresa’ con la que los titulares de las centrales nucleares sufragan la gestión de los residuos radiactivos que lleva a cabo la empresa pública. Esta cuantía supone un 40% más que la fijada en la actualidad, y que se sitúa en 7,98 euros/MWh. La entrada en vigor de esta nueva tarifa sería a partir del 1 de julio de 2024. El martes 27 de febrero, el Foro Nuclear presentó también un recurso contencioso administrativo contra el VII Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) y otro contra el abandono del Almacén Temporal Centralizado (ATC).
La asociación que integra a las centrales nucleares ya señaló la semana pasada -en concreto el pasado 8 de enero- que el nuevo PGRR suponía un coste muy superior al previsto inicialmente debido a nuevas soluciones adoptadas y «falta de consenso entre las diferentes instituciones involucradas». En ningún caso, según reclamaba, estos «extra-costes» deberían imputarse a las centrales nucleares españolas, que aportan anualmente al ‘fondo Enresa’ del orden de 450 millones de euros. A su juicio, el coste superior de este nuevo Plan, supone un cambio sustancial de las condiciones en las que se alcanzó el acuerdo de Protocolo de Intenciones de 2019 con respecto a la Tasa Enresa.