El Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera calculó mal la tasa que Enresa cobra a las centrales nucleares al obviar la bajada de la inflación. Un cambio que llegó después de anunciar una primera tasa (que supuso un aumento del 40% con respecto a la última, y que generó polémica dentro del sector) y que rectificó a la baja (subiendo esta vez un 30%) tras «un esfuerzo grande» por parte del ministerio. Sin embargo, la nueva cifra -que también fue rechazada por las eléctricas- no llegó como consecuencia de una cesión a las energéticas sino, y según comentan fuentes financieras y jurídicas a este medio, por un ajuste en la proyección del IPC (que mide la evolución de los precios).
La tasa de Enresa, que es la empresa pública encargada de gestión de residuos y el desmantelamiento de las centrales nucleares, se encontraba originalmente en los 7,98 euros/megavatios hora, hasta que un real decretó lo subió a los 11,14 euros megavatios hora (un 40% más). Sin embargo, unas semanas después, el Gobierno rectificó, dejándolo en los 10,40 euros megavatio hora (un 30% más). Las mismas fuentes señalan que además de ajustar con el IPC, se jugó también con la rentabilidad esperada del fondo de Enresa.
Un escenario que, según fuentes jurídicas, provocará una batalla jurídica de las eléctricas afectadas contra el Ministerio. Un frente nuevo a los que ya tiene el Ministerio: desde los impuestos especiales contra las energéticas a la eólica marina. La tasa, que se creó en 2005, ha ido incrementándose con el paso de los años, con el objetivo de financiar el Plan General de Residuos Radiactivos (el documento donde el Gobierno establece su política en materia de gestión de residuos radiactivos, incluyendo el combustible nuclear gastado, el desmantelamiento y la clausura de las instalaciones nucleares).
Fuentes del sector afectadas por la tasa nuclear aseguran que «ya pagan del orden de 450 millones de euros anuales para la gestión de los residuos radiactivos y el futuro desmantelamiento de estas instalaciones al Fondo Enresa». Para ello, la patronal de las empresas nucleares presentó dos recursos contra los reales decretos por los que se aprueba el séptimo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), que abandona el proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca).
Por otro lado, también presentaron alegaciones al futuro real decreto que modifica la Tasa Enresa y anunciaron además alegaciones al proyecto de Real Decreto por el que se pretende modificar la tarifa fija unitaria mediante la que se financia el servicio de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) para la gestión de los residuos, desmantelamiento y clausura de las centrales nucleares españolas.
Por último, a principios de enero de este año, el Ministerio de Transición Ecológica hizo público un proyecto de Real Decreto que pretendía subir la tasa un 40%. Sin embargo, dos meses después comenzó de nuevo la tramitación del proyecto de real decreto que actualizaba la tasa de Enresa, lanzando una consulta pública previa, «y siguiendo el mismo procedimiento que en 2019, cuando se tramitó la actualización por última vez». Un paso que se entendió en el sector como el inicio para retirar la anterior propuesta. Un mes después lo confirmó la ministra Ribera: el aumento sería del 30%.
«Mantenemos diálogo sosegado»
Días antes de que se conociese la reducción del aumento de la tasa de un 30% a un 40%, fuentes financieras aseguraron a este periódico que «no parecía que hubiese voluntad de quitar el incremento ni de suavizarlo». La percepción del sector es que no se ha querido negociar con las empresas y que se ha apostado desde el principio por ese aumento de la tasa, que supondrá un golpe importante para las compañías energéticas.
Una fuente autorizada de una de las empresas afectadas asegura que su idea es que se amplíe la vida útil de las centrales. «Nosotros mantenemos un diálogo sosegado. Si el Gobierno dice que no quiere ampliar la vida útil, pues ya está. Pero podemos llegar a un acuerdo para evitar el cierre programado de algunas centrales o espaciar su clausura para no tener un cementerio de nucleares. Sin embargo, el Ministerio de momento sigue pensando que esto no es posible».